TRANSPARENCIA PARA TODOS
El Salvador tuvo que esperar un par de décadas más, que el resto de los países de Latinoamérica, para contar con una ley de acceso de la información. Esta ley fue ratificada el tres de marzo, de este año, en la Asamblea Legislativa, con 80 votos de 84 diputados que la conforman.Desde la llegada del actual gobierno, las expectativas de un cambio, en el manejo de las finanzas públicas, renacieron en la población. Sobre todo, porque por primera vez el ejecutivo creaba una Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.
Las condiciones objetivas también fueron las más favorables: los movimientos sociales, organizaciones civiles, la empresa privada y los partidos políticos coincidieron en que era necesario dar el paso y crear una ley que permitiera a los ciudadanos acceder a la información del Estado. Incluso el otrora partido de gobierno convertido en oposición vio a bien aprobar esta ley, pese a que durante su gestión no fue promovida por ellos, mucho menos aprobada.
Según los expertos hay algunas “ventanas” en la ley, como el hecho de no clasificar como oficiosa la información de los inmuebles que posee el Estado, entre otras cosas. El gobierno por su parte sostiene las instituciones estatales, tal y como están estructuradas, no permiten el buen funcionamiento de la ley y por eso solicitó un año más a la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de preparar al Estado para que pueda estar a la altura de las exigencias de esta ley.
Los críticos más optimistas plantean, que si bien la ley no viene a resolver nada por sí misma, será una gran herramienta para toda la población en general. El reto consiste en que los salvadoreños se apropien de ella y la usen para fiscalizar al Estado.
A pesar de este esfuerzo, por trasparentar le gestión pública, no podemos decir que en El Salvador está comprometido con el acceso a la información. Por ejemplo, los sectores más reaccionarios de la derecha, representados por arena, pdc, pcn y gana, superaron –el pasado miércoles– las observaciones que hizo el Presidente de la República a la reforma del artículo 91 del Código Tributario.
De acuerdo a las observaciones, el mandatario pretendía que los contribuyentes declararan los bienes muebles cuyo valor superase los $300 mil.
Sin embargo, la derecha legislativa coincidió en defender a este reducido sector de la población y a la vez dieron herramientas para promover la evasión fiscal. Estos mismos que por un lado se rasgan las vestiduras hablando a favor de la libertad y la transparencia son los que colocan candados a la información cuando se trata de las clases altas.
Ese ejemplo debe servir como lección de que la democracia representativa no defiende los intereses de los más, por ello cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, lugares de trabajos o centros de estudio debemos hacer conciencia que uno de los pasos para que el país avance es exigir transparencia para todos.
San Salvador, 16 de abril de 2011
Equipo Mapache
