Deja en claro la filosofía neoliberal que desde hace mas de 20 años es el criterio que domina a la sociedad salvadoreña esta es pues que el estado debe someterse al mercado y que sea este último quien determine las reglas del juego , juego en el que estas empresas son intocables y en todopoderosas.
Estas empresas con el cinismo sin medida alguna de la filosofía del mercado hoy defienden la libertad de prensa, siendo esta, la libertad de las empresas para utilizar todos sus recursos y crear no opinión pública sino opinión de clase y que la opinión del lector se vea sometida. Pero esta libertad de prensa tal cual no puede verse como libertad de expresión y mucho menos suponer la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en estos medios , pues hay que recordar que los periodistas que trabajan en algunos de los medios de mayor circulación o audiencia, no tienen la libertad para escribir sobre lo que consideren, porque están sujetos a la agenda del medio, a un ideario específico y a los intereses económicos del medio respectivo.
Amenazan estas empresas con recurrir a la Sociedad Interamericana de Prensa como si esta fuese un organismo consultivo valido o una ONG que defiende la libertad de expresión, nada de eso, este organismo es un cartel de los grandes dueños de medios de comunicación del continente, un conglomerado de empresarios mediáticos que han protagonizado la defensa de intereses oligopolicos, alianzas con poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
Se acusa a la Jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, de atentar contra la libertad de expresión y de sentar un “nefasto precedente” al intentar coartar el derecho que tienen los medios de comunicación a informar libremente.
La funcionaria judicial en ningún momento del proceso seguido contra el “medio de publicidad” pretendió violar el principio de la libertad de expresión contemplado en la Constitución de la República, como perversamente quieren dar a entender los propietarios de algunos periódicos. Concretamente la jueza Ponce sancionó con una multa de 346 dólares a la Prensa Gráfica, porque éste medio violó el derecho a la intimidad de un menor de edad acusado de homicidio contra un joven.
Los argumentos de La Prensa Gráfica y demás sectores de la publicidad interesados, en el campo jurídico no tienen validez alguna y, por el contrario, atentan contra el espíritu de la Ley del menor infractor, y los principios jurídicos básicos del proceso, riñen además con el uso mínimo de la razón. Es de recordarle a estas empresas que la justicia es uno de los fines perseguidos por la humanidad y supone la idea de un conjunto de principios que se aplican a todos los seres humanos sin ninguna distinción; por tal razón, el acusado de la comisión de determinado delito debe ser juzgado conforme a tales principios y no de acuerdo con la idiosincrasia de una persona particular que, por casualidad o por alguna otra razón, mantiene una posición de poder hegemónico. Tampoco por presiones o informaciones distorsionadas por un medio de desinformación.
Los abogados de LPG, con la ceguera jurídica que los caracteriza desconocen que el derecho de la prensa admite dos clases de responsabilidad jurídica: la penal y la civil, lo cual no explicaríamos a ellos, pues supondría una asesoría jurídica lo cual al mercado se le cobra pero aclaramos que esta obliga a los medios a responder de las vulneraciones que hagan a la dignidad y demás derechos de las personas; así como responder con una indemnización económica por las mismas
Equipo Mapache
El Salvador, 24 de abril de 2010
