JUSTICIA MÁS ALLÁ DEL MAR
Quienes han escuchado la noticia de que se ha ordenado la detención de 20 militares salvadoreños a quienes se les acusa de masacrar durante el período del conflicto armado a seis Jesuitas, ligados a las causas sociales por ese tiempo, y a dos mujeres que trabajaban con ellos, de seguro experimentan la sensación de que el hecho es una señal de que se está haciendo justicia en el caso. Sin embargo, este signo de justicia no se origina en la conciencia de los tribunales salvadoreños. Su origen está a varios cientos de kilómetros de El Salvador, en un tribunal de España que abrió un expediente en contra de estos militares a petición de algunos familiares de aquellos religiosos, la mayoría de los cuales eran de origen español.
Por esta masacre, ocurrida en 1989, se abrió en nuestro país un juicio contra dos militares, Guillermo Alfredo Benavides y René Mendoza Vallecillos, acusados de liderar estos asesinatos. El tribunal que los juzgó en 1991 los encontró culpables y los sentenció a 30 años de prisión. Sin embargo, en poco más de un año ambos caminaban libres por las calles gracias a una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de aquel entonces. El juez español que ha abierto recientemente el caso ordenando la detención de 20 militares salvadoreños, incluyendo a Benavides y Vallecillos, calificó este juicio como un fraude disfrazado de proceso formal.
Este es el mismo camino que ayer y hoy ha recorrido la justicia en nuestro país.
Alguien dijo durante la época de los conflictos políticos que azotaban a nuestra Latinoamérica durante el siglo pasado que la realidad superaba a la ficción, al referirse a la barbarie con la que los gobiernos autoritarios intentaban someter a los pueblos y a la imaginación con que esta se llevaba a cabo. Pues tal parece que ahora la realidad pasó a convertirse en pura ficción, o al menos así es vista en casos que se resuelven en nuestros tribunales de justicia, algunos similares al de los Jesuitas y sus ayudantes, en donde los jueces bien pueden asumir que las denuncias son cuentos inventados por las víctimas o bien montan juicios ficticios que en todo caso ya tienen una sentencia previa, la del olvido.
Entonces, ¿qué tipo de justicia se puede encontrar en un país en donde el olvido e impunidad parece ser norma en la mayoría de los casos? Pues a los familiares de estos Jesuitas les pareció que ninguna. Y lo mismo ha sucedido en casos como el de la masacre del Mozote o la desaparición de las hermanitas Serrano en donde los afectados han tenido que avocarse a instituciones internacionales para buscar la justicia que en el país no encuentran, una verdadera pena tomando en cuenta que es el Estado el que debe garantizar que los y las salvadoreñas reciban juicios justos en base a sus derechos.
Y este no es algo que sucede sólo con los casos que surgieron durante la guerra civil, es un hecho que se repite aún en la actualidad. Muestra de ello es la reciente anulación del juicio contra tres mandos de la empresa Baterías de El Salvador acusados por contaminación agravada al medio ambiente en perjuicio de los habitantes de varias comunidades en el municipio de San Juan Opico. Los argumentos para esta anulación ya han sido calificados como inexistentes dentro de la misma ley e incluso inconstitucionales ¿Acaso este tipo de resoluciones surgen de la imaginación de los jueces o es que la empresa ha pasado a ser el origen y el fin último del Estado?
Ya va siendo hora de que la aplicación de la justicia en nuestro país se enfoque en garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en general y no obedezca a la voluntad de particulares, ya sea que estos vistan ropas de militar o de empresario. Así se logrará alcanzar una sociedad carente de conflictos y abusos, convirtiendo a nuestro país en la opción más segura para obtener justicia para los y las salvadoreñas y dejar de buscarla más allá de nuestras fronteras.
Equipo Mapache
04 de Junio de 2011
Por esta masacre, ocurrida en 1989, se abrió en nuestro país un juicio contra dos militares, Guillermo Alfredo Benavides y René Mendoza Vallecillos, acusados de liderar estos asesinatos. El tribunal que los juzgó en 1991 los encontró culpables y los sentenció a 30 años de prisión. Sin embargo, en poco más de un año ambos caminaban libres por las calles gracias a una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de aquel entonces. El juez español que ha abierto recientemente el caso ordenando la detención de 20 militares salvadoreños, incluyendo a Benavides y Vallecillos, calificó este juicio como un fraude disfrazado de proceso formal.
Este es el mismo camino que ayer y hoy ha recorrido la justicia en nuestro país.
Alguien dijo durante la época de los conflictos políticos que azotaban a nuestra Latinoamérica durante el siglo pasado que la realidad superaba a la ficción, al referirse a la barbarie con la que los gobiernos autoritarios intentaban someter a los pueblos y a la imaginación con que esta se llevaba a cabo. Pues tal parece que ahora la realidad pasó a convertirse en pura ficción, o al menos así es vista en casos que se resuelven en nuestros tribunales de justicia, algunos similares al de los Jesuitas y sus ayudantes, en donde los jueces bien pueden asumir que las denuncias son cuentos inventados por las víctimas o bien montan juicios ficticios que en todo caso ya tienen una sentencia previa, la del olvido.
Entonces, ¿qué tipo de justicia se puede encontrar en un país en donde el olvido e impunidad parece ser norma en la mayoría de los casos? Pues a los familiares de estos Jesuitas les pareció que ninguna. Y lo mismo ha sucedido en casos como el de la masacre del Mozote o la desaparición de las hermanitas Serrano en donde los afectados han tenido que avocarse a instituciones internacionales para buscar la justicia que en el país no encuentran, una verdadera pena tomando en cuenta que es el Estado el que debe garantizar que los y las salvadoreñas reciban juicios justos en base a sus derechos.
Y este no es algo que sucede sólo con los casos que surgieron durante la guerra civil, es un hecho que se repite aún en la actualidad. Muestra de ello es la reciente anulación del juicio contra tres mandos de la empresa Baterías de El Salvador acusados por contaminación agravada al medio ambiente en perjuicio de los habitantes de varias comunidades en el municipio de San Juan Opico. Los argumentos para esta anulación ya han sido calificados como inexistentes dentro de la misma ley e incluso inconstitucionales ¿Acaso este tipo de resoluciones surgen de la imaginación de los jueces o es que la empresa ha pasado a ser el origen y el fin último del Estado?
Ya va siendo hora de que la aplicación de la justicia en nuestro país se enfoque en garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en general y no obedezca a la voluntad de particulares, ya sea que estos vistan ropas de militar o de empresario. Así se logrará alcanzar una sociedad carente de conflictos y abusos, convirtiendo a nuestro país en la opción más segura para obtener justicia para los y las salvadoreñas y dejar de buscarla más allá de nuestras fronteras.
Equipo Mapache
04 de Junio de 2011
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