tomado de: www.cispes.orgEn las ciudades de Portland, Seattle, Nueva York, Boston y Washington, DC representantes de la empresa deshonrosa se aparecieron en forma de trajes de cartón enormes sin cabeza, esqueletos caminando en zancos y otras imágenes de la muerte. Cientos de manifestantes cantaron los nombres de los líderes anti-mineras que fueron asesinatos en el último año, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto Recinos. También mostraron fotos grandes de un río del color anaranjado, contaminado con el cianuro que se usa en el proceso de explotación de oro, y les dieron botellas de agua sucio y descolorido a los que pasaban por el camino.
Las comunidades locales oponía a la mina El Dorado desde el inicio por razones del riesgo grave al medioambiente y al salud; la empresa propone usar dos toneladas de cianuro cada día y 75-100 litros del agua cada segunda en un país dónde ya falta acceso a agua limpia. Según líder comunitaria rural de Santa Marta, Vidalina Morales, explicó, “La mayoría de personas en nuestra región sobreviven por la agricultura pequeña, que viven por que pueden cultivar. Si se destruye la tierra y si se contamina el agua, no podemos sobrevivir.”
Cuando el gobierno de El Salvador eligió no dar los permisos de explotación a la empresa Pacific Rim por no satisfacer los requisitos nacionales, incluso el estudio de factibilidad, la empresa canadiense abrió un subsidiario en el estado de Nevada, EE.UU. para interponer una demanda por cientos de millones de dólares bajo las provisiones que protegen a los inversores extranjeros. Este es el primer caso ambiental bajo este tratado de comercio muy opuesto.
Manuel Pérez-Rocha, del Instituto de Estudio de Política en Washington, DC que recientemente publicó un estudio “Minería de las Ganancias por los Tribunales Internacionales” dijo, “Este es un caso ejemplar de la proliferación de inversores que quieren usar las reglas de los tratados de libre comercio para amenazar a los países que intentan proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.” En octubre de 2009, el Instituto de Estudio de Política (IPS por sus siglas en inglés) otorgó un premio de derechos humanos a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a la cuál pertenecía Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto Recinos.
Miguel Rivera, hermano de Marcelo Rivera de San Isidro, Cabañas, quien fue secuestrado, torturado y asesinado en junio de 2009, dijo que “la violencia es resulta directa de los tratados de libre comercio” porque “limiten la habilidad del gobierno a defender la vida de los residentes y respetan más los derechos económicos que los derechos a la vida humana.”
Lisa Fuller, directora de programa con CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, está de acuerdo. Dijo, “Que injusticia que la política de comercio de los EE.UU. permite a una empresa privada interponer una demanda en contra de un país soberana por hacer cumplir las protecciones para el medioambiente tan necesarias.” Recordó a la multitud que el Presidente Obama prometió durante su campana presidencial “restringir muy fuertemente” estas protecciones excesivas para corporaciones.
En manifestaciones simultáneas en Seattle y Portland, los residentes exigieron a sus Congresistas y Senadores terminar con el modelo actual de comercio. En Washington, DC, había manifestación en frente de la oficina del bufete de abogados que representa a la empresa frente al CIADI. En Nueva York y Boston, los y las manifestantes a los consulados de Canadá también echaron la culpa al gobierno de ese país por falta casi absoluta de regulación de la minería, creando un ambiente en que sigue la impunidad de una industria que es de muy conocido por abusar abusan a los derechos humanos y al medioambiente.
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